Denuncian que la dircom de Irene Montero facturó 270.000 € con una empresa sin trabajadores

Clara Alonso, directora de comunicación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, siempre ha conseguido mantenerse en la estela de Unidas Podemos, yendo de un puesto a otro como persona de confianza. Empezó en Izquierda Unida en 2012, en un puesto técnico, y en sólo cuatro años logró convertirse en directora de comunicación de la formación, tras lo que pasó a ocupar un cargo orgánico para, el pasado mes de febrero, ser nombrada directora de comunicación del Ministerio de Igualdad.

Cuenta el diario digital El Español que siempre ha estado en política, escalando, pero que esa no es su única fuente de ingresos, ya que es la propietaria de una sociedad limitada unipersonal en la que es la única trabajadora y a través de la cual, podría tributar sólo el 25 % correspondiente al impuesto de sociedades en vez del 45 % que pagaría como persona física.

El caso es que Alonso, constituyó a mediados de octubre de 2018 la empresa La Nave Digital S.L. a pesar de que seguía trabajando para Izquierda Unida done era miembro de la Comisión Colegiada, y secretaria institucional del PCE.

Se da la circunstancia de que el mero hecho de tener una actividad profesional paralela a Izquierda Unida contraviene el código ético de la propia formación, en el que se puede leer que los cargos, tanto electos como orgánicos, deben cumplir sus tareas con dedicación plena, algo que Alonso no ha cumplido. En ese mismo código se establece también que se declararán las fuentes de ingresos económicos, aunque no queda constancia de que lo haya hecho y tampoco se refleja en las cuentas presentadas al Registro Mercantil de Madrid.

La Nave Comunicación Digital S.L. se dedica a “agencias de publicidad”, “relaciones públicas y comunicación” y “servicios de representación de medios de comunicación, la misma actividad que llevaba a cabo para el partido y que ahora hace desarrolla en el Ministerio de Irene Montero, y eso a pesar de que se mantenía políticamente ocupada y trabajando, lo que no impidió que su sociedad unipersonal moviera mucho dinero.

El caso es que según cuenta detalladamente El Español, La Nave Comunicación Digital S.L. tuvo en 2019 una cifra de negocios de nada menos que 272.080,92 euros, según queda reflejado en las cuentas, y eso teniendo en cuenta que se trata de una sociedad vacía de contenido ya que, a pesar del dinero que mueve, no tiene gastos de aprovisionamientos ni ingresos de explotación y tampoco gastos de personal, sino que es sólo ella la que ha estado moviendo ese dinero, y el único gasto notable en el que incurre son 249.294,62 euros que figuran bajo el opaco epígrafe de “Otros gastos de explotación”.

Een las cuentas entregadas al Registro Mercantil hay un documento sobre servicios a terceros, de obligado cumplimiento, en el que Alonso no ha aportado ninguna información, que sirve para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y que Alonso ha dejado vacíos los epígrafes en los que hay que detallar el ámbito territorial de las operaciones.

A pesar de esa elevada cifra de negocios de más de 272.000 euros, la única actividad que este diario haya podido encontrar en la que ha participado la sociedad unipersonal de Alonso es un trabajo del que se ha beneficiado el Ministerio de Turismo de República Dominicana. La sociedad es propietaria de la página de Facebook Oficina de Promoción Turística de la República Dominicana. Según la descripción de la misma, se trata de una publicación oficial del ministerio en su delegación en España, aunque, en realidad, la página de Facebook se creó en junio de 2011, acabó cambiando de propietarios y recayó en la sociedad unipersonal de Clara Alonso. Los motivos se desconocen.

Lo que parece claro es que esta actividad profesional paralela a Izquierda Unida es contraria al código ético de la formación, por lo que Alonso estaba operando de espaldas a las reglas internas del partido mientras seguía formando parte de él. Al no dotar de transparencia su negocio, estaría incumpliendo además otro punto del código ético. 

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