Hace algún tiempo, la presidencia de la Generalidad Valenciana inició los trámites para poner solución a la falta de funcionarios en el área de Comunicación, una carencia que le llevó en 2019 a protagonizar una sonada polémica con sus becarios que acabó en los tribunales. Ahora, meses después, se pretende retomar el proceso.

El diseño que elaboró la ex secretaria autonómica de Comunicación, Blanca Marín, ha sufrido ciertas variaciones con respecto al que se ha acordado finalmente con los sindicatos desde la nueva secretaria de Prospectiva que ocupa Beatriz Gallardo y la dirección general de Relaciones Informativas liderada por Pere Rostoll.

De esta manera, ha habido una reducción del número de plazas de 14 a 12. De ellos, dos tendrán carácter laboral, mientras que la naturaleza de los otros diez será funcionarial.

La propuesta, que deroga la anterior y especifica qué puestos de trabajo deberían crearse para cubrir las necesidades de comunicación de la Presidencia de la Generalidad, refuerza especialmente el perfil digital y tiene en cuenta la vertebración territorial, dado que tres plazas de la docena mencionada desempeñarían sus funciones desde Alicante y Castellón.

Cuenta el diario digital ValenciaPlaza que, de esta manera, se convocarán dos plazas de especialista audiovisual, ocho puestos de técnico superior de Producción y Análisis de Mensaje Digital y dos plazas más de técnico de Comunicación. En el diseño anterior, se proponía crear una nueva plaza de Jefe de Servicio de Redes Sociales, otras cinco plazas de técnicos de comunicación destinados a redes sociales, cinco nuevos puestos para periodistas y tres nuevas plazas de técnicos en Comunicación Audiovisual.

En el caso de los especialistas audiovisuales, su contrato será laboral, su clasificación corresponderá a grupo C de la Administración y orgánicamente dependerán de la dirección general de Relaciones Informativas. Entre las funciones que tendrían encomendadas se encuentra la realización, grabación y edición de audiovisuales para informativos y producciones internas, hacer un seguimiento de informativos regionales y nacionales, o gestionar el archivo de audiovisuales de producciones propias y ajenas. Además, deberán también "adaptar su jornada a las necesidades derivadas de la agenda de la persona titular de Presidencia de la Generalitat, miembros del Consell y otras circunstancias institucionales de interés general".

Para ocupar alguna de las ocho plazas de naturaleza funcionarial de técnico superior de Producción y Análisis de Mensaje Digital de grupo A1 de la Administración será necesario ser licenciado o graduado en Periodismo o Comunicación Audiovisual, así como contar con el C1 de valenciano. En este caso, se encargarán del diseño, elaboración y publicación "de mensajes multimedia (texto, imagen, audio, vídeo, gifs, infografías) ajustados a su viralización en diferentes plataformas de difusión de vídeo, redes y mensajería instantánea".

Hay que recordar que en noviembre de 2019, miembros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acudieron al Palacio de la Generalidad para comprobar la situación laboral de una treintena de becarios a raíz de una denuncia interpuesta por CCOO-PV, poniendo el foco en cuatro departamentos: publicidad e imagen institucional, planificación y análisis informativa, redes sociales y la sección audiovisual. Además, también chequearon cuales eran las funciones y tareas que tenían asignadas.

El propio sindicato fue el encargado de difundir el grueso de las conclusiones de un duro informe en el que el inspector reflejó una "constatación clara y manifiesta" de la existencia de un "fraude de ley y abuso de derecho" respecto a los licenciados que realizaban prácticas profesionales. Meses después, con la sentencia, el Gobierno valenciano recurrió en los tribunales el auto que daba la razón a los becarios, pero también buscó poner solución de una vez por todas a la falta de personal porque nunca se cubrieron plazas de funcionarios al no haber sido nunca convocadas.