Una serie de nuevas normas electorales, entre ellas restricciones a la cobertura de la prensa, han entgrado en vigor en Ecuador impulsadas por el presidente del país, Rafael Correa, al tiempo que se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad que buscan parar su aplicación.

El llamado Código de la Democracia, que prohíbe a la prensa publicar mensajes que incidan a favor o en contra de un candidato y que permite realizar cierta publicidad oficial durante la campaña, al tiempo que establece un nuevo método de cálculo de escaños, se convirtió en Ley con su aparición en el Boletín Oficial.

Para que se aplique a los próximos comicios, previstos para el 20 de enero de 2013, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría que atrasarlos, pues la Constitución ecuatoriana prohíbe que se ejecuten reformas electorales durante el año anterior a la cita con las urnas.

Una de las cláusulas más polémicas es la que establece que durante la campaña electoral los medios "se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política".

Correa, que se prevé que se presente a la reelección, mantiene que esa disposición asegura que los medios de comunicación se limiten a informar y no se conviertan en "actores políticos", y asevera que la prensa miente al afirmar que su intención como mandatario es acallar las voces independientes.

Por su parte, asociaciones de prensa ecuatorianas y extranjeras, así como la oposición política, se quejan de que se trata de un ataque a la libertad de expresión. "Se pretende amordazar el trabajo de los periodistas en el momento de las elecciones", ha dicho Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), que presentó una de las demandas contra el Código ante la Corte Constitucional. "Esto es inconstitucional, pero además es una tomadura de pelo al pueblo ecuatoriano", ha afirmado Paco Moncayo, uno de los cuatro asambleístas del grupo político Alianza Libertad que acudieron a la sede de ese tribunal para entregar su propio escrito.