La Junta de Castilla y León ha solicitado un dictamen al Consejo Consultivo sobre la Ley de Publicidad Institucional, que el mes pasado aprobaron PSOE, Vox, Unidas Podemos y Francisco Igea con el voto en contra del Partido Popular y la abstención del resto de procuradores.
En concreto, ha formulado 24 preguntas para que el órgano independiente dé su opinión, una consulta que se lleva a cabo “en ejercicio de su responsabilidad institucional, con el fin de evitar interpretaciones contradictorias, conflictos de competencias o actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, y en aras de asegurar la legalidad y la seguridad jurídica” en la aplicación de una norma cuya escritura ha calificado de “deficiente” y con una “falta de coherencia” que podría generar “serias dificultades prácticas y jurídicas de desarrollo y aplicación, afectando directamente a la gestión de recursos públicos, a la libertad de información y al equilibrio territorial en la difusión de campañas de interés general”.
El informe del Consultivo “garantiza un análisis riguroso, objetivo e independiente de las cuestiones planteadas”, y se pretende, según el Ejecutivo autonómico, “garantizar una aplicación rigurosa, coherente y respetuosa con el ordenamiento jurídico, tanto en lo que respecta a la contratación pública como a los derechos fundamentales de empresas y ciudadanos”.
El gobierno que preside Mañueco subraya el “notable grado de incertidumbre” que ha provocado esta reforma por “las ambigüedades, las contradicciones y los vacíos técnicos” que contiene la norma.
El PP ya adelantó en las Cortes de Castilla y León que rechazaba este texto porque consideraba que pretendía “amordazar e intimidar a los medios de comunicación”.
El Colegio de Periodistas también lamentó la falta de consenso parlamentario al respecto y pidió hablar con todos los actores del sector periodístico “como el Colegio, los medios de comunicación y el ámbito universitario”. El Ejecutivo critica la “falta de coherencia interna”, las “imprecisiones normativas” y ve “posibles contradicciones legales”.
Así las cosas, la Junta de Castilla y León considera necesario recabar un dictamen que aporte claridad jurídica sobre la interpretación de distintos preceptos de la ley, y enfatiza las “dudas” sobre su compatibilidad con el marco normativo “de contratación pública, la legislación estatal y los principios constitucionales”.
Además, la Junta ha identificado una posible colisión entre la Ley de Publicidad Institucional y la Ley de Contratos del Sector Público en aspectos fundamentales como la libre concurrencia, la igualdad de trato entre licitadores, o la prohibición expresa, por parte de dicha ley, del uso de criterios de arraigo territorial. Estas cuestiones afectan directamente a los principios que deben regir la contratación pública y generan dudas sobre la correcta aplicación de ambas normativas en el ámbito autonómico de forma simultánea.
La nueva ley introduce una serie de prohibiciones para contratar con determinados medios de comunicación, basadas en antecedentes judiciales —a los que hayan sido condenados en sentencia firme dos veces en tres años (o tres veces o más en cinco años) a rectificar informaciones inexactas por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen o por delitos de odio—, que podrían exceder el marco establecido por la legislación básica estatal.
Esto plantea, según la Junta interrogantes sobre su encaje constitucional, especialmente en relación con las competencias exclusivas que el Estado ostenta en materia de contratación y de garantías de derechos fundamentales, como la libertad de información y el derecho al honor.
El gobierno de Castilla y León también tiene dudas sobre las consecuencias jurídicas que tendría la aplicación del procedimiento previsto en la ley para suspender o modificar campañas publicitarias en curso; y en particular solicita aclaración sobre los efectos que una decisión administrativa de este tipo podría tener sobre los contratos ya adjudicados y en ejecución, y si tal actuación respetaría las garantías que establece la normativa de contratos del sector público en materia de modificación o resolución contractual.
Además, la norma le atribuye funciones presupuestarias y de gestión propias de una televisión pública autonómica, que en la actualidad no existe en Castilla y León porque el gobierno autonómico ha optado por una concesióna a una empresa privada, renovada recientemente y con una financiación asegurada por los próximos dos años gracias al voto de PSOE y PP.
